La palabra incertidumbre aparece de forma constante en boca de economistas, banqueros e industriales. Se insiste en que la crisis actual no debe leerse como pasajera, sino como un escenario que habrá que gestionar durante varios años.

Los días de bloqueo de carreteras, junto con el desabastecimiento y la mala calidad del diésel y la gasolina, se mencionan en cada panel como el evento que más ha golpeado la operación empresarial en lo que va del año, con cifras de pérdida que varían según el sector pero que en todos los casos son cuantiosas.

El paso de un tipo de cambio fijo a uno flexible, junto con el retiro gradual de subsidios a los combustibles, se describe como un ajuste necesario pero mal comunicado, cuya falta de previsibilidad generó fricción incluso entre quienes compartían el diagnóstico técnico de fondo.

Se describe un consumidor que se ha vuelto más racional, omnicanal y desconfiado, donde la fidelidad de marca cede terreno frente al precio percibido y la confianza generada.

De forma transversal, la banca, la industria y el comercio exterior coinciden en que el principal obstáculo no es técnico sino normativo: ausencia de una ley de inversiones, de una ley de hidrocarburos actualizada y de reglas que no cambien con cada gobierno.

El patrón de respuesta que se repite en boca de casi todos los gerentes es el mismo: revisar el modelo de negocio, eliminar procesos que no agregan valor, diversificar rutas y proveedores, automatizar y prepararse mediante escenarios en lugar de pronósticos únicos, tal como quedó formalizado en la conferencia de cierre bajo la metáfora del navegante sin mapa.

No sostenemos que la ciberseguridad debiera haber sido tema central del Summit, ni que su ausencia sea un error de los organizadores o los panelistas. Lo que se observa es más bien una consecuencia lógica que nadie hizo explícita: cuando un gerente describe que su empresa sacó de la operación todo lo que no agregaba valor, o que automatizó su línea para sostener márgenes bajo presión cambiaria, describe al mismo tiempo, sin decirlo, un salto de transformación digital. Y todo salto de transformación digital, por definición, amplía la superficie sobre la cual puede materializarse un incidente de seguridad de la información. No es una advertencia moral, es una relación de causa y efecto que la propia agenda empresarial dejó sin desarrollar.

Uno de los panelistas del sector bancario señala que se espera la llegada de nuevos actores que aumenten la oferta de divisas más allá de la banca tradicional. Cabe resaltar esta afirmación con cuidado: todo actor no bancario que empiece a intermediar divisas de forma digital introduce una superficie de riesgo distinta a la de una entidad regulada por ASFI, con controles de identidad y trazabilidad que no necesariamente están definidos con el mismo rigor.

Varias intervenciones, entre ellas farmacéutica, agroindustria y envases, describen rutas alternativas y mapas de riesgo logístico frente a los bloqueos. Se trata de una respuesta operativa sólida, centrada en el transporte físico, que deja de lado la dimensión digital de esa misma cadena: sistemas de trazabilidad, plataformas de pago a proveedores, coordinación remota entre plantas.

Cada canal digital que las marcas construyen para retener a un consumidor más racional y desconfiado constituye, a la vez, un punto expuesto a fraude y filtración de datos, justo en el momento en que la confianza del consumidor es el activo más escaso.

Este es quizás el vacío más notorio. A lo largo de todo el evento, la seguridad jurídica se invoca como la condición que el inversionista necesita para comprometer capital: reglas claras, contratos respetados, previsibilidad regulatoria frente al Estado. Es un reclamo legítimo y reiterado por prácticamente todos los sectores. Sin embargo, en ningún momento se menciona el otro lado de esa misma seguridad jurídica: el marco legal que necesita un negocio digital para operar con certeza.

Bolivia no cuenta con una ley de protección de datos personales consolidada, no tiene un marco regulatorio claro para activos virtuales o criptomonedas, y no dispone de lineamientos sobre el uso de inteligencia artificial en procesos empresariales o financieros. Consideremos que un inversionista puede recibir garantías contractuales sólidas sobre su capital y, aun así, dudar de instalar una operación digital si no sabe bajo qué reglas va a tratar los datos de sus clientes, si puede o no aceptar pagos en criptoactivos, o qué responsabilidad legal asume al automatizar una decisión con inteligencia artificial. La seguridad jurídica que se pidió durante todo el Summit protege la inversión, pero deja sin proteger precisamente la transformación digital que esa misma inversión, según el hilo de la respuesta centrada en eficiencia, se propone financiar.

Un último punto ciego, distinto de los anteriores pero igual de consistente. Las estrategias descritas por los gerentes, revisadas en conjunto, se inclinan casi por completo hacia lo que la literatura de gestión llama explotación: hacer más eficiente lo que ya existe, reducir procesos, ajustar costos, reordenar el portafolio. En ningún panel se menciona la exploración como motor de nuevos productos o modelos de negocio, ni se hace referencia a la innovación interna como fuente de crecimiento futuro.

De igual manera, tampoco aparece mencionada la relación entre empresa, academia y gobierno como mecanismo para generar ese tipo de innovación, pese a que el propio evento se realizó en alianza con una universidad y contó con jóvenes universitarios entre el público. La agenda que se construyó durante la tarde es, en ese sentido, una agenda de supervivencia y reingeniería, no una agenda de exploración de futuro.